El derrumbe de la fachada de la plaza comercial Artz, situada a un costado de Periférico Sur, en la delegación Álvaro Obregón, es una consecuencia de la descontrolada proliferación de permisos para la construcción de grandes edificios y centros comerciales en Ciudad de México y de la sordera de las autoridades capitalinas ante las advertencias y los reclamos de la población. Aunque por fortuna el colapso de la parte frontal de esa construcción no ocasionó muertos ni lesionados, resulta al menos desoladora la desatención a los múltiples señalamientos de los vecinos sobre los riesgos de la obra y sobre los impactos negativos que implicaba para su entorno.

Ya a finales de 2016, cuando la plaza se encontraba en proceso de construcción, ocurrió un deslave en las obras de cimentación que destruyó una parte de la acera del Periférico, aunque afortunadamente en ese momento ningún peatón transitaba en el área afectada. Los habitantes se movilizaron para protestar por las afectaciones y los peligros del centro comercial, particularmente por las consecuencias que habría de tener en los servicios y las vialidades, así como por la masiva tala de árboles que implicaba. Pero la plaza fue inaugurada en marzo pasado por Miguel Ángel Mancera, entonces jefe de Gobierno de Ciudad de México, quien aseguró que los procedimientos constructivos del sitio eran modernos, rigurosos y estrictamente apegados a la normatividad y a las leyes. Cuatro meses después, tras el derrumbe de ayer, su sucesor en el cargo, José Ramón Amieva, se vio obligado a admitir, al turnar el caso a la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México, que en la plaza Artz existe un evidente caso de negligencia.

Lo hay, desde luego, y atañe, en primer lugar, a las propias autoridades capitalinas, que son las encargadas de autorizar los usos de suelo, de garantizar que los desarrollos inmobiliarios no degraden la calidad de vida de los habitantes ni provoquen impactos ambientales negativos y de supervisar el cumplimiento de los reglamentos y las normas de construcción.

El actual gobierno capitalino se ha caracterizado por su reiterado desdén a las demandas y reclamos de los habitantes, por su permisividad ante la inmoderada ambición de las empresas inmobiliarias y por anteponer los intereses de éstas al bienestar y la seguridad de la población. Sobran ejemplos, pero baste con recordar que en el sismo del 19 de septiembre del año pasado se derrumbaron edificios de construcción muy reciente, que de manera insólita se impuso la edificación de un helipuerto en una zona de Copilco atestada de multifamiliares y que las obras viales del llamado Deprimido Mixcoac resultaron inútiles para resolver la conflictiva vialidad del cruce de Insurgentes y Río Churubusco, implicaron la tala de cientos de árboles y, para colmo, exhibieron su mala calidad unos días después de inauguradas, cuando un tramo del paso a desnivel se inundó hasta niveles peligrosos para los automovilistas.

Es inevitable sospechar que en los casos señalados y en muchos otros ha habido corrupción y para despejar la sospecha es imperativo el esclarecimiento. Y en lo inmediato, es de obvia necesidad que el gobierno de Ciudad de México adopte una moratoria a la entrega de permisos para grandes desarrollos inmobiliarios.