Jesús García* y Susan Gzesh**

Estimado presidente electo Andrés Manuel López Obrador:

Escribimos desde Chicago para felicitarlo y para compartir algunas percepciones que pueden informar su próxima reunión con el secretario de Estado, Mike Pompeo. Si el gobierno de Donald Trump desea una nueva relación con México, es necesario que los derechos humanos de los migrantes mexicanos formen parte de esa conversación. Sabemos que enfrenta un enorme desafío al tratar con representantes de un presidente que llegó al poder después de una campaña basada en la caracterización racista de los mexicanos, pero usted cuenta con el apoyo tanto de los mexicanos como de los aliados de los mexicanos en Estados Unidos. Por favor tenga en cuenta, cuando se siente con el secretario Pompeo, que todo lo que el gobierno de Trump ha hecho con respecto a la política migratoria y su ejecución se ha realizado mediante discreción ejecutiva y que se le puede dar marcha atrás.

¿Qué se puede hacer por los me­xicanos en Estados Unidos? La política de deportación total indiscriminada se puede modificar de inmediato. Ha causado la devastación de cientos de familias migrantes que tienen diferentes estatus: padres mexicanos indocumentados, padres residentes legales que han cometido delitos menores, niños que son ciudadanos estadunidenses o receptores del programa DACA, y abuelos indocumentados traídos al país para vivir con sus hijos. El Servicio de Inmigración y Aduanas ha realizado incursiones en comunidades rurales y urbanas donde los mexicanos han vivido en paz y contribuido a la economía local. No hay razón que impida al presidente Trump restituir los valores humanitarios en la aplicación de la ley.

En segundo lugar, ¿qué puede cambiar en la frontera? En la más cruel de las políticas, Trump ordenó que niños migrantes mexicanos y centroamericanos fueran arrancados a sus padres después de cruzar la frontera: una cruel y errónea medida para desalentar a familias que huyen de la violencia. Después de que 3 mil niños fueron retenidos, la tremenda indignación pública obligó al presidente a rescindir esa política. La Patrulla Fronteriza ha actuado con tal rapidez y descuido, que ahora reconoce contar con información insuficiente para reunir a esos hijos con sus padres, como ha ordenado un tribunal federal. Usted puede elogiar la reversión de esa cruel política.

También en la frontera, el gobierno enfatiza la persecución penal de migrantes individuales, a expensas de los esfuerzos contra las drogas y el tráfico de personas. El presidente Trump ha dado su bendición a una política de cero tolerancia, que consiste en formular cargos criminales contra todo aquel que cruce la frontera sin autorización. Cientos de mexicanos y centroamericanos han sido juzgados y sentenciados en audiencias en masa, reminiscentes de los juicios por la ley de paso en la Sudáfrica del apartheid. Esta política insensata podría terminar de un plumazo.

¿Y qué hay de los trabajadores mexicanos? Miles de mexicanos in­documentados trabajan en la agricultura, los servicios y las manufacturas estadunidenses en situación precaria, y su trabajo es esencial para las economías de ambos países. En vez de regularizar el estatus de los residentes de larga data, el gobierno de Trump quisiera deportarlos y expandir los vigentes programas de trabajadores huéspedes, que actualmente traen unos 100 mil mexicanos a Estados Unidos. Si bien los trabajadores huéspedes pueden cruzar la frontera con seguridad, siguen siendo vulnerables a la sobrexplotación por reclutadores en México y empleadores en Estados Unidos. Por lo regular, los empleadores les confiscan el pasaporte y los mantienen en condiciones caracterizadas como cercanas a la esclavitud. Durante la Segunda Guerra Mundial, México pudo lograr un tratado bilateral para gobernar el bienestar de los braceros. Hoy día los empleadores estadunidenses se dan cuenta de que los trabajadores mexicanos son tan esenciales como lo fueron en la década de 1940. No acceda usted a ninguna expansión del programa de trabajadores huéspedes sin un compromiso con un bilateralismo verdadero y con la protección de los derechos laborales de esos trabajadores.

El gobierno estadunidense abandona sus obligaciones hacia quienes solicitan asilo en los términos de la Convención de Refugiados y el derecho estadunidense, y quiere que México sea cómplice. Quiere que México firme un acuerdo de tercer país seguro para forzar a los centroamericanos a solicitar asilo en México. Personal fronterizo estadunidense ya obliga a los centroamericanos que piden asilo en puertos de entrada a esperar en México, bajo difíciles condiciones. Creemos que un acuerdo de tercer país seguro no conviene al interés mexicano. México puede ser líder en desarrollar una política regional de refugiados que sea racional y humana, sin ceder a los intereses estadunidenses en este momento.

Esperamos que usted acoja estas sugerencias con espíritu de solidaridad. Creemos que México puede abogar por políticas migratorias que preserven la unidad de las familias y protejan los derechos de trabajadores y solicitantes de asilo en toda nuestra región. Estamos dispuestos a colaborar en cualquier forma en que podamos.

Jose María Carmona

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