Juan Carlos Ruiz Guadalajara*

Todo indica que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, desea consolidar un ejercicio del poder de carácter compensatorio, esto es, que a cambio de algunas acciones de gobierno relevantes la sociedad le justifique complicidades, distorsiones y omisiones en su desempeño. Esta postura lo coloca en una situación de incongruencia respecto de sus arengas contra la corrupción y en favor de una nueva revolución mexicana. Nadie puede cuestionar el triunfo electoral que a Corral le otorgaron los chihuahuenses en 2016, como tampoco se le pueden regatear sus méritos al revelar el modus operandi que las cúpulas del PRI y sus gobiernos han ejercido por muchos años en todo el país para robar el dinero público. Tampoco podemos ignorar su enfrentamiento con Peña Nieto en los esfuerzos por lograr la extradición de César Duarte. Sin embargo, es­tos logros que podrían haberse convertido en esperanzas de verdadero cambio se han visto opacados por al menos tres factores que ponen en entredicho a Corral.

El primero ha sido su ambigüedad frente al asesinato de Miroslava Breach: mientras por un lado condenaba el crimen, por el otro co­metía una insensatez al declarar que Miroslava cargaba culpa en su propia muerte por pisarle los callos al diablo. Corral había ignorado las denuncias de Miroslava contra Hugo Amed Schultz Alcaraz, ex alcalde de Chínipas, como “emisario del narco” e intimidador de periodistas. Dichas denuncias habían sido publicadas por Miroslava semanas antes de que Schultz se integrara al gobierno de Corral como coordinador de educación en la Secretaría de Educación de Chihuahua. Desde esa posición Schultz entregó a Juan Carlos Moreno, operador del cártel de Sinaloa, las conversaciones telefónicas que Alfredo Piñera, vocero del PAN en Chihuahua, sostuvo con Miroslava pidiéndole revelar las fuentes que le servían para denunciar la red de narcopolíticos que operan en la sierra chihuahuense. Piñera, autor de las grabaciones, actuó en complicidad con Schultz y con el absoluto conocimiento de José Luévano, actual secretario particular de Corral, quien por más que lo niegue no puede ocultar la protección que le ha dado a sus correligionarios.

Otro factor del deterioro de la ­figura de Corral radica en los niveles de inseguridad que no ha logrado detener en su estado. De acuerdo con el Índice de Paz México 2018, Chihuahua se ubicó en el lugar 26, es decir, entre los siete estados con menor paz en el país y con una tendencia al crecimiento de la violencia y los homicidios dolosos durante 2017. Corral cumplirá en octubre dos años de gobernador, y por ahora tiene perdida la batalla contra la delincuencia organizada y la narcopolítica en su estado, escenario que él apuesta a modificar con la salida del PRI del gobierno federal. Sin embargo, los indicios sobre la presencia de nexos del crimen organizado en su organigrama de gobierno y de su partido político, como el caso de Schultz Alcaraz, impiden visualizar mejoría.

El tercer factor es su activismo partidista en favor de Ricardo Anaya y de la coalición Por México al Frente. Sin considerar los polémicos resultados de la denominada Caravana por la Dignidad a comienzos de este año, sólo me referiré a lo acontecido el 9 de junio en San Luis Potosí. Ese día el panismo potosino y sus aliados realizaron una Marcha por la Paz que encabezó Corral para promover a Xavier Nava, candidato del PAN a la alcaldía de la capital potosina y quien ahora enfrenta a Ricardo Gallardo Juárez, candidato del PRD. Los señalamientos sobre la corrupción y nexos con la delincuencia organizada que envuelven a Gallardo Juárez y a su hijo, Ricardo Gallardo Cardona, actual candidato a diputado federal de Por México al Frente, no le estorbaron a Corral para llamar a votar indistintamente por los candidatos de dicha coalición.

Quizá Corral ignora que en 2015 Nava, como candidato del PRD a diputado federal, fue promotor de Gallardo Juárez como candidato a la alcaldía de San Luis Potosí también por el PRD, cuando Gallardo se hallaba encarcelado en Ocampo, Guanajuato, por delincuencia organizada y lavado de dinero, prisión de la que salió en 2016 merced a un amparo que no lo exoneró del desvío de 209 millones de pesos cuando fue edil de Soledad de Graciano Sánchez. Pero lo que seguramente Corral no ignora es el historial de varios panistas potosinos que marcharon por la paz. ¿O acaso Corral no sabe quién ha sido Marcelo de los Santos y el daño que le ha hecho a México? ¿Y qué puede decir Corral del ex senador Alejandro Zapata, defensor de la ilegal y Minera San Xavier? ¿Será que Dios los hace y ellos se juntan en el corral potosino del gobernador de Chihuahua?