El transporte de mercancía por rutas terrestres se ha convertido en un infierno para los choferes y una alarmante amenaza para las compañías transportistas, así como para aquéllas que distribuyen sus productos por esta vía. Las cifras son contundentes: en los 28 meses recientes, fueron denunciados 23 mil 876 asaltos a tráileres en las carreteras del país, 18 mil 631 de los cuales se efectuaron con violencia, lo que se traduce en 852 transportistas atracados cada mes, 28 al día. Por si el número no fuera preocupante en sí mismo, la Policía Federal informa que este ilícito muestra un repunte sostenido desde 2016, que no da señales de amainar, según las cifras de enero a abril del año en curso.

Un dato que debe mirarse con atención es el relativo a la distribución territorial de estos hechos, pues 90 por ciento de ellos ocurrió en el estado de México, Puebla, Michoacán, Nuevo León, Tlaxcala, Morelos y Jalisco, mientras algunas entidades no presentan ni un solo reporte por el ilícito.

De especial gravedad resulta la situación del estado de México, que concentra más de 27por ciento de los casos reportados durante el periodo. También destaca el nivel de sofisticación desplegado por los delincuentes, quienes coordinan varios vehículos para seguir y abordar a sus objetivos, cuentan con dispositivos para bloquear la señal de rastreo satelital de las unidades, y tienen a su disposición predios para descargar y almacenar los enormes volúmenes de mercancía sustraída.

A la crisis que enfrenta el transporte de mercancía por carretera debe sumarse la no menos preocupante situación que afecta a los ferrocarriles.

En este rubro, además del número de incidentes (el cual pasó de 532 en el último trimestre de 2017 a 561 en el primero de 2018), es motivo de inquietud la evolución hacia métodos cada vez más riesgosos usados para detener los trenes, pues los asaltantes han pasado de activar los frenos de las locomotoras o desacoplar los vagones, a bloquear o desacoplar las vías.

Así, a los daños materiales se añade la amenaza de un desastre humano. Es necesario traer a cuento los apuntes anteriores pues de ellos se desprende una primera consideración acerca del fenómeno: la frecuencia y la habilidad técnica alcanzados en la comisión de este ilícito hacen impensable, o cuando menos altamente improbable, que se haya llegado a estas instancias sin algún grado de complicidad de las autoridades encargadas de la seguridad pública, en general, y de la vial, en particular.

En ese mismo sentido apunta una de las preguntas centrales en este tema, a saber, la del destino de las mercancías hurtadas, entre las cuales se encuentran electrodomésticos, alimentos, material de construcción, ropa, e incluso bebidas. En efecto, tanto el carácter como el volumen de estos bienes levantan una interrogante acerca de los canales usados para llevarlos a manos de los consumidores, y de cómo es posible colocar semejante cantidad de artículos en el mercado sin levantar las suspicacias de autoridades policiales y fiscales.

En suma, resulta evidente la urgencia de poner fin a esta escalada delictiva, que amenaza con trastocar la vida económica del país y es ya una fuente de quebranto para los sectores arriba mencionados.

Sin embargo, la estrategia desplegada hasta ahora por el gobierno federal, consistente en decretar un aumento en las penas a los responsables, dista de ofrecer garantías de mejora. En éste como en otros órdenes, está visto que el endurecimiento del castigo resulta inútil sin la voluntad política para atajar el problema en sus causas y poner fin a las redes de complicidad que permiten la operación de organizaciones delictivas.