El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) presentó ayer su informe sobre violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de las investigaciones por las agresiones criminales que sufrieron alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014 a manos de policías y que derivaron en seis muertes y en la desaparición de 43 estudiantes cuyo paradero se desconoce hasta la fecha. En el documento se establece que 34 de los imputados en el caso fueron sometidos a tortura para lograr que se autoinculparan y que señalaran a otros posibles culpables. Entre los responsables de semejantes prácticas estarían, a decir de la ONU-DH, Tomás Zerón de Lucio, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y agentes de la Policía Federal y de la Secretaría de Marina.

El texto señala que los detenidos presentaron numerosas lesiones físicas –certificadas por exámenes médicos– que concuerdan con sus relatos sobre tormentos, que fueron además víctimas de otros abusos, como detención arbitraria y demoras significativas en la presentación formal ante el Ministerio Público. Un caso particularmente relevante es el de Agustín García Reyes, quien fue arbitrariamente detenido y torturado antes de la diligencia que elementos de la AIC encabezados por Zerón realizaron en el río San Juan, donde supuestamente se habrían encontrado las bolsas con las cenizas de los 43 normalistas desaparecidos. Cabe recordar que tal diligencia, que fue un elemento clave en la formulación de lo que el entonces procurador general Jesús Murillo Karam llamó la verdad histórica de la tragedia de Iguala, fue descalificada en su momento por el Equipo Argentino de Antropología Forense, que participó en las primeras fases de la investigación a solicitud de los padres de los muchachos desaparecidos. Por lo demás, el informe afirma que las violaciones a los derechos humanos cometidas en esa etapa de la investigación no han sido atendidas de forma diligente por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).

El representante en México de la ONU-DH, Jan Jarab, dijo que esa instancia no tiene conocimiento de que alguno de los agentes o funcionarios implicados en las torturas haya sido procesado, por lo que permanecen impunes, y concluyó que las violaciones a los derechos humanos perpetradas en la averiguación oficial representan una doble injusticia porque, por un lado, han sido violadas las garantías de los detenidos a la integridad personal y al debido proceso, y por la otra, son nugatorias del derecho de las víctimas sus familiares y la sociedad a conocer la verdad de la atrocidad perpetrada en Iguala en septiembre de 2014.

La reacción del gobierno mexicano a tales señalamientos fue dada a conocer en un comunicado conjunto de la PGR y las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores en el que se afirma, en referencia a las torturas y demás abusos, que no se ha acreditado la comisión de tales actos, salvo en algunos casos excepcionales de los que ya se ha informado públicamente, que las presuntas violaciones e irregularidades están siendo debidamente investigadas o están siendo consideradas por las autoridades judiciales competentes y que las investigaciones en marcha no sustentan las conclusiones de la ONU-DH.

Lo cierto es que el informe de la oficina de Derechos Humanos de la ONU debe agregarse a los ya numerosos elementos que obligan a poner en duda la verdad histórica, según la cual la agresión contra los normalistas fue exclusivamente realizada por policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco en connivencia con grupos de la delincuencia organizada y que los 43 muchachos desaparecidos fueron incinerados esa misma noche en el basurero de Cocula. Asimismo, este documento se añade a los diversos cuestionamientos a la versión y a la investigación oficial que han sido formulados por organizaciones humanitarias nacionales e internacionales, organismos internacionales, académicos y activistas. De manera inevitable, crece y se consolida en la sociedad la sospecha de que las actuaciones y los relatos de la PGR en torno a lo sucedido en Iguala ha sido un conjunto de simulaciones de procuración de justicia o, peor, de maniobras de encubrimiento. Por eso es indispensable que las instituciones oficiales respondan en forma transparente y precisa a los múltiples señalamientos de irregularidades y exhiban una voluntad política real para esclarecer el caso, y que ello ocurra antes de que concluya la actual administración.