Tras una reunión efectuada ayer, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) Benito Nacif y Ciro Murayama declararon capítulo cerrado el tema de las rebajas salariales de 10 por ciento para 32 altos funcionarios de ese organismo, acordadas en enero por su Junta General Ejecutiva y declaradas inválidas el viernes por un fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Asimismo, Nacif descartó la disminución de los llamados gastos de representación, tales como comidas, ya que éstos serían meramente simbólicos, al representar una erogación de sólo 4 millones de pesos.

La rebaja en las percepciones de los consejeros de 177 mil a 160 mil pesos mensuales se aprobó en enero como parte de una serie de medidas de austeridad que buscaba recomponer la imagen del instituto tras los escándalos que provocó el dispendio en aguinaldos, teléfonos celulares de alta gama y remodelación de instalaciones. Sin embargo, el consejero Nacif presentó un recurso de inconformidad y logró que la medida fuera revocada, porque el TEPJF consideró que la Junta General Ejecutiva no tiene competencia legal para aprobar este tipo de medidas. Cabe aclarar que el fallo del tribunal no impide reducir los salarios de los funcionarios por una vía distinta que los acuerdos de la junta.

Aunque pareciera que para algunos funcionarios el tema se agota en el apego a los códigos, queda claro que los actuales salarios y prestaciones de los altos cargos gubernamentales y de los organismos autónomos como el propio INE resultan ofensivos y antiéticos, en una realidad de dificultades financieras y contrastantes desigualdades sociales como la que caracteriza a nuestro país. En vista de los constantes recortes al gasto público y el imparable endeudamiento del Estado –entre muchas otras señales de alarma para las finanzas públicas–, la negativa a adoptar medidas mínimas de racionalidad en el gasto constituye un insulto a las mayorías trabajadoras que sostienen, mediante sus impuestos, la estructura de gobierno y administración pública.

Un elemento adicional de consideración se encuentra en los complejos procesos electorales locales que culminarán en los próximos meses y, ante todo, la previsiblemente ríspida contienda por la Presidencia de la República, que habrá de verificarse el año entrante. En efecto, el reto que suponen la organización y calificación de estas elecciones obliga a la instancia encargada de verificar el cumplimiento de la legalidad comicial a poner especial cuidado en la imagen que proyecta ante la sociedad, pues una percepción ciudadana de frivolidad o desapego de la realidad sociopolítica puede generar graves distorsiones en la aceptación de los resultados electorales.

En suma, como árbitro, el INE requiere contar con toda la confianza de la sociedad ante y para la cual ejerce sus funciones, confianza que de manera comprensible se desvanece ante la reiteración de prácticas desafortunadas. Para restaurar y mantener el consentimiento ciudadano, sin el cual no es posible hablar de instituciones democráticas, es necesario rectificar las conductas presentes y generar mecanismos que ajusten la operatividad institucional a la realidad y el sentir social.