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El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, advirtió ayer, en una entrevista con la agencia Bloomberg, que si el gobierno de Estados Unidos cumple con su amenaza de imponer aranceles a productos mexicanos o ensamblados en México, el gobierno nacional abandonará las negociaciones para reformar el Tratado de Libre Comercio (TLC), negociaciones cuyo comienzo está previsto para junio próximo.

Para poner en perspectiva esta declaración cabe recordar que el presidente Donald Trump ha dicho en reiteradas ocasiones que el TLC es perjudicial para Estados Unidos y abrumadoramente ventajoso para México, afirmación que es necesario matizar.

Es cierto que desde años recientes nuestro país ha tenido, como resultado de ese instrumento, significativos superávit comerciales bilaterales de decenas de miles de millones de dólares, pero esos márgenes resultan mucho menos aparatosos si se les resta la suma de las partes estadunidenses que se deben importar para fabricar los productos que posteriormente se venden a Estados Unidos. Aun así, es innegable que México obtiene un beneficio neto en su balanza de pagos.

Pero el saldo del TLC para nuestro país es mucho menos nítido si se piensa en empleos y en efectos sociales en general, en seguridad y en soberanía. De entrada debe señalarse que la entrada en vigor del convenio fue un desastre para la industria, el agro y el desarrollo tecnológico nacionales. Los millones de puestos de trabajo generados por la implantación de procesos productivos de la economía vecina en el territorio nacional no han logrado compensar la devastación causada en el campo mexicano por la aplicación de las reglas del libre comercio, que empujó a millones de connacionales a emigrar a las ciudades o al norte del río Bravo. Miles de fábricas se vieron obligadas a cerrar. La delincuencia organizada se disparó y crecieron la pobreza, la desigualdad y la marginación.

Ello fue así porque el modelo económico del que el acuerdo comercial constituye un elemento central e inseparable no está orientado a distribuir los beneficios del libre comercio, sino a concentrarlos en unas cuantas manos. De manera que los superávit comerciales que se logran año tras año con Estados Unidos benefician a un pequeñísimo grupo de la población, en tanto que la mayoría paga las consecuencias negativas del intercambio.

Por lo demás, la creciente integración de la economía mexicana con la estadunidense en condiciones de supeditación ha traído aparejada una inocultable subordinación política y ha tenido en consecuencia una gravísima afectación a la soberanía nacional, a la autosuficiencia alimentaria y a la seguridad nacional.

En otro sentido, el TLC, a contrapelo de lo que afirma Trump, es un instrumento estratégicamente desventajoso para México, en la medida en que, en el contexto legal nacional, tiene el carácter de cumplimiento obligatorio de un tratado internacional, en tanto para Washington su cumplimiento es mucho menos vinculante por cuanto es visto como un simple acuerdo. Cabe preguntarse qué clase de convenio espera obtener Trump al señalar que su texto debe ofrecer mayores ventajas a Estados Unidos.

En tales circunstancias, sería saludable dar paso a un amplio debate y a una consulta nacionales –procesos democráticos que el gobierno de Carlos Salinas rehuyó en su momento– sobre la conveniencia de mantener al país en el TLC o retirarse del tratado.

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