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Napoleón Gómez Urrutia

La Constitución Política de México acaba de cumplir 100 años. Desde su origen en 1917 los derechos y las aspiraciones de los mexicanos para obtener una mayor libertad, una mejor democracia y una verdadera y transparente justicia han sido una lucha constante para evitar retrocesos que impidan alcanzar las metas que surgieron a partir del conflicto armado que representó la Revolución Mexicana, la cual fue y ha sido reconocida como la primera en el siglo XX y una de las más importantes del mundo por sus alcances políticos, económicos y sociales.

Durante el pasado siglo México ha caminado tratando de mantener la esencia de sus principios y objetivos, no obstante que ha sufrido grandes y profundos cambios que la han apartado de sus aspiraciones originales, tales como las reformas que se introdujeron para desaparecer los ejidos y la propiedad comunal, o la explotación del trabajo por medio de nuevas formas que permiten la libre contratación a las empresas y el uso intenso del contratismo, el cual se ha intentado legalizar con obstinación.

También las privatizaciones de las empresas, de los organismos públicos e instituciones bancarias, así como la venta y fractura de las compañías nacionales encargadas de extraer los recursos naturales no renovables del subsuelo como el petróleo, el gas y los productos minerales, o bien la generación, transformación y distribución de la energía eléctrica.

Sin duda alguna, desde que se introdujo en México el liberalismo económico, a principios de la década de los 80 y en los gobiernos que le siguieron durante los pasados 30 años, el contenido, el fondo y los alcances sociales han cambiado dramáticamente para dar paso cada seis años al surgimiento de una nueva camada de corporaciones y empresarios multimillonarios que por medio de la adquisición de empresas antes propiedad del Estado, que fueron privatizadas sin el consentimiento de la nación, o por medio de concesiones y permisos, se han vuelto capaces de dominar el presente y el futuro de los mexicanos.

Teóricamente los derechos políticos y humanos de los ciudadanos están garantizados, o más bien plasmados en la Constitución. Algunos de ellos se respetan, mientras otros se violan frecuentemente bajo el amparo de todo un sistema de corrupción y de abusos de los más privilegiados, a pesar de que todo se lo deben al pueblo de México. Es más, muchos de los cambios y reformas constitucionales se han realizado precisamente para asegurar la concentración de la riqueza en cada vez menos manos, porque si se tratara de dar más justicia, libertad y democracia, entonces no se hubieran efectuado tales modificaciones legales, sino simplemente se habría aplicado correctamente la ley con transparencia y equidad.

Las transformaciones que se han efectuado en materia constitucional han actuado como un engaño y una traición al pueblo mexicano en muchos de los casos. Todo para consolidar el proyecto neoliberal que Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari adoptaron, el cual fue continuado por los gobiernos que siguieron hasta el actual, consolidando la impunidad y la corrupción en México. Por ello también el descrédito y la pérdida de influencia de nuestro país, la cual se ha deteriorado en todo el mundo. Y por eso los vecinos de Norteamérica se han querido aprovechar, ante las debilidades internas de un modelo y una clase política que ya no dan para más.

Después de 100 años, los políticos, los legisladores y todo el pueblo de México tenemos la obligación de revisar meticulosamente las reformas efectuadas, especialmente los profesionales del derecho, para evaluar los objetivos que se propusieron al momento de realizar los cambios y frente a los resultados obtenidos. Pero no es posible aceptar y actuar con pasividad ante una pobreza creciente que ya abarca a más de la mitad de la población, o frente a una explotación laboral con salarios de los más bajos de América Latina, o con una infraestructura y una industria manufacturera –salvo pocos sectores– débil y desintegrada en el mercado interno, o bajo una inseguridad y una corrupción incontrolables.

Los mexicanos de hoy tenemos la obligación moral con las futuras generaciones de no heredarles un país en crisis y amenazado por la prepotencia y la arrogancia externas, o por una falta de visión nacionalista de nuestros gobernantes, que no saben o no pueden defender la soberanía y la autonomía de la patria, ya sea por carecer de una visión de estadistas, o porque la vida interna del país ha estado llena de corruptelas e incompetencias que no les permiten enfrentar las amenazas y las ofensas del presidente estadunidense con fuerza y dignidad, porque podrían ser exhibidos.

El que obra bien tiene la conciencia tranquila y al que obra mal se le pudre. El pueblo se pregunta de qué lado están nuestros gobernantes y qué nos depara el futuro ante esta situación tan incierta. Muchos políticos no hacen amistades, sino complicidades y forman grupos de poder para protegerse de posibles ataques derivados de sus debilidades y de las ambiciones por ellos mismos desatadas.

Hoy el principio de la unidad nacional y la fuerza de la Constitución original deben prevalecer por encima de intereses mezquinos o de amenazas groseras. El gobierno y los empresarios cómplices que más se han beneficiado del saqueo de los recursos naturales y de la mano de obra del país tienen una grave y delicada responsabilidad. En las circunstancias actuales, no hay lugar para timoratos, pillos o ladrones, ni para mantener la corrupción y la impunidad, pues si las cosas no cambian para bien de la mayoría del pueblo mexicano, entonces la historia los juzgará y los sustituirá sin ninguna consideración. Así es, así ha sido y seguramente así sucederá.

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