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Pedro Salmerón Sanginés /II

La Constitución hoy vigente es contraria al espíritu de la que se promulgó en 1917. Se le han hecho más de 600 reformas y sólo 26 de sus 136 artículos mantienen su redacción original. La mayor parte de las modificaciones (y las más drásticas) se hicieron a partir de 1982, y no alcanzaríamos aquí a discutir todos estos cambios, pero podemos acercarnos a ellos a través de los dos artículos que en el discurso posrevolucionario y priísta (como mostramos hace 15 días) eran los más importantes de la Constitución, los que la definían: el 27 y el 123.

El artículo 123 recogió las principales demandas del movimiento obrero y estableció los derechos de sindicalización y de huelga; fijó límites a la jornada de trabajo; instauró el salario mínimo y el descanso dominical; prohibió el trabajo infantil e introdujo disposiciones de seguridad, servicios sociales y prestaciones. Además, los constituyentes dieron al Estado –y particularmente al presidente– el papel de mediador en las relaciones obrero-patronales, al asignarle la facultad de autorizar la constitución de las organizaciones laborales y la capacidad de dictaminar sobre la licitud 

De cualquier manera, se presentaba –porque lo era– como la legislación laboral más avanzada de la época y fue un instrumento clave en la conversión de México de un país rural, analfabeto y con una densidad de población de menos de ocho habitantes por kilómetro cuadrado, en un país urbano y moderno (con los balcones luminosos y los sótanos oscuros de las naciones capitalistas dependientes). Durante décadas apenas si se le hicieron ajustes para adaptarlo a las nuevas realidades de una nación que crecía y se industrializaba a ritmos vertiginosos (entre 1935 y 1970).

Como señala Saúl Escobar, hasta fines de la década de 1970 el régimen laboral mexicano se basó en una legislación protectora y una política salarial progresiva que se expresaba en aumentos reales monetarios y en prestaciones diversas, y buscaba la estabilidad y seguridad en el empleo, lo que para el régimen era garante de la estabilidad política, a pesar de la inexistencia de vida democrática en los sindicatos, de la supeditación del derecho de huelga a la voluntad del Poder Ejecutivo y de la exclusión de cuantos carecían de empleo formal.

Estas condiciones laborales se fueron transformando de manera drástica desde los años 1980 (cambios impulsados desde Washington), cuando se fue imponiendo una nueva política laboral que promovió la flexibilización y la desregulación, despidos masivos en el sector público, debilitamiento del poder de los sindicatos y otras medidas que tenían por objetivo ajustar los ingresos de los trabajadores para redistribuir el ingreso económico de los asalariados en favor del capital y fortalecer la capacidad de control del empleador sobre el trabajador.

En México la flexibilización y desregulación se impuso por fuera y por encima de la ley, pues no fue hasta 2012 que se reformó la Ley Federal del Trabajo. La transformación ilegal de las condiciones laborales fue posible por la sumisión de los líderes sindicales al régimen y por la extensión creciente del sector informal de la economía, que permitió sobrevivir a millones de trabajadores arrojados al desempleo y la precariedad.

La reforma impulsada por Felipe Calderón y aprobada por la mayoría del PAN y PRI afecta directamente las condiciones de trabajo y del salario al legalizar la subcontratación, la contratación por horas, flexibilizar los periodos de prueba y capacitación, y al dejar vacíos legales que permiten eludir las obligaciones de las empresas en materia de seguridad e higiene, pago de prestaciones de ley y seguridad social. Los principios constitucionales que garantizaban salario igual para trabajo igual también fueron tirados a la basura. Para lograr que el PRI aprobara la reforma, el PAN sacrificó sus propuestas en materia de democracia y transparencia sindical, sumando así lo peor de ambos periodos: el priísta (1946-1988) y el neoliberal (1982-2018).

Pocos meses después los partidos del Pacto por México (PRI, PAN y PRD) terminaron de destruir el pacto laboral emanado de la Revolución Mexicana, con una segunda reforma laboral esta vez disfrazada de educativa.

De ese modo, uno de los dos pilares del pacto social emanado de la Revolución quedó destruido. En 15 días mostraré que la devastación del artículo 27 es aún más grave. Un resumen completo y detallado de la destrucción de los pactos constitucionales emanados de la revolución puede leerse en: Tania Hernández, et al., El orden del mercado y el desorden de la nación: reformas estructurales y cambio constitucional en México, México, UACM-Editorial Ítaca, 2016. Las citas textuales de este artículo provienen del texto de Saúl Escobar, quien revisa las reformas a la Ley Federal de Trabajo.

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