Ayer, pocas horas después de que el líder de la Confederación de Cámaras Industriales, Manuel Herrera Vega, pidió ante el presidente Enrique Peña Nieto detener los incrementos de los energéticos, la Comisión Federal de Electricidad informó de un nuevo tarifazo de entre 6.4 y 8.4 por ciento para el sector industrial, de entre 3.8 y 5.8 por ciento para el comercial y de 3.8 por ciento para el uso doméstico de alto consumo. Todo ello, con el telón de fondo de las continuadas protestas sociales por el gasolinazo del primer día de este año y del que está previsto para el sábado próximo.

El hecho es que en momentos en que el gobierno federal emite llamados a una unidad nacional –ciertamente necesaria ante las agresivas medidas antimexicanas que está adoptando la administración Trump y la belicosidad que caracteriza al nuevo gobierno de Estados Unidos en contra de nuestro país–, la reforma energética, la política vigente en el sector y la aplicación de las reformas de diciembre pasado a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) han traído consecuencias contrarias a la deseada unidad del país. Más bien, han ahondado la fractura ya existente entre la sociedad y la clase política, han multiplicado el malestar social, han achicado los márgenes de gobernabilidad, de por sí delgados, y han introducido en el comportamiento económico un innegable factor inflacionario.

En tales circunstancias sería deseable que las autoridades fueran capaces de comprender la necesidad de emprender un viraje en el manejo de los energéticos porque, de mantenerse el rumbo actual, difícilmente será posible recuperar la confianza de la población en el gobierno, y mucho menos edificar la unidad nacional que el momento exige.

Es cierto que el lunes pasado el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, afirmó que se revisa las viabilidad de suspender el incremento del mes en curso a las gasolinas; es cierto, asimismo, que la dependencia de las importaciones de combustible impulsa esas alzas. Por ello, no hay soluciones fáciles ni inmediatas, y se requiere, en cambio, un gran giro de rumbo en la política energética que empiece por reconocer la necesidad de construir refinerías en el territorio nacional.

Es tiempo de reconocer también que las reformas energética y a la ley del IEPS se han traducido en un enorme perjuicio a la inmensa mayoría de los ciudadanos –asalariados, campesinos, pequeños y medianos empresarios, informales, profesionistas– y que sólo arrojan utilidades para un pequeño grupo de contratistas y concesionarios.

La crisis de las relaciones bilaterales con Estados Unidos demanda, hoy más que nunca, un país cohesionado en lo interno y unificado en torno a una política económica de claro beneficio para las mayorías. La rectificación es necesaria.