Luis Hernández Navarro

Doña Delfina de la Cruz Santiago es madre de Adán Abraham de la Cruz, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecido hace dos años. A finales de marzo de este año, recibió una llamada telefónica de un enviado del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo. El funcionario le ofreció dinero para que abandonara la lucha por la presentación con vida de su hijo. Ella le dijo que no.

No fue esa la primera ocasión en que autoridades gubernamentales le ofrecieron compensarla económicamente por su hijo. Durante el gobierno interino de Rogelio Ortega, la esposa de éste, Rosa Isela Ojeda, prometió a los familiares de los muchachos desaparecidos darles 10 mil pesos a cada uno. Todos rechazaron la oferta (https://goo.gl/nsVcjN).

Desde los primeros momentos de la agresión, el gobierno utilizó el señuelo de la chequera para tratar de cerrar el caso. No habían pasado ni 15 días del ataque cuando comenzaron a hablar de dinero a los familiares.

En reuniones que los padres tuvieron con estudiantes de El Colegio de México y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los padres denunciaron que representantes del gobierno de Guerrero les ofrecieron 100 mil pesos a cada uno para que dejaran de buscar a sus muchachos.

“Llega gente del gobierno diciéndonos: ‘sabes qué, ¿necesitas algo?, ¿te podemos ayudar en algo? Mira, firma estos papeles, te vamos a dar 100 mil pesos’. ¿Para qué? Para que nos calláramos”, narró a los jóvenes Bernabé Abraham Gaspar, padre de Adán Abraham de la Cruz.

No les sirvió de mucho. Según don Bernabé, “A muchos compañeros padres de familia también los anduvieron buscando pa’darles la cantidad. Nosotros dijimos: ‘realmente mi hijo no vale 100 mil pesos’” (https://goo.gl/w9vccM).

Pero las autoridades no bajaron la guardia. Seguidores de la máxima del profesor Carlos Hank González, de que en política, lo que se resuelve con dinero sale barato, siguieron insistiendo en disparar sus cañonazos de miles de pesos. Clemente Rodríguez, padre de Cristian Rodríguez –otro de los muchachos desaparecidos– denunció en febrero de 2015: Quieren que paremos todo y últimamente nos están ofreciendo dinero; están citando uno a uno a los padres, a escondidas, pero si me tocará a mí, les digo que no aceptaré nada que venga del gobierno (https://goo.gl/NMkcTm).

Y, como el ofrecimiento de disparar plata no caminó, alguien decidió también descargar plomo. En febrero de 2015, los normalistas de Ayotzinapa Uriel Alonso Solís, de 21 años, y Gamaliel Cruz visitaron Tijuana para dar a conocer su lucha. Allí denunciaron que “El gobierno ha estado amenazando a padres de familia y miembros del comité… nos han dicho que si no dejamos de andar de alboroteros, que nos atengamos, que nosotros también tenemos familia… Tenemos miedo por una parte, pero primero está la dignidad; no queremos saber si es el crimen organizado o el gobierno, porque es lo mismo. Han ido a las casas, llegan policías y les ofrecen dinero, dijimos que nadie iba a hablar de esto, pero queremos hacerlo público. ¡Ya basta!”, reveló Uriel Alonso Solís (https://goo.gl/Ojglwx).

A finales de junio pasado, apenas hace unos meses, los padres recibieron mensajes anónimos donde les advierten que serán atacados en uno de sus traslados carreteros, y harán que todo parezca un accidente. No eran sólo palabras. El 25 de ese mes, mientras transitaban en autobús Estrella de Oro por el bulevar que atraviesa la ciudad de Cuernavaca, un automóvil trató infructuosamente de cerrarles el paso. Sin embargo, más adelante, las mismas personas que iban a bordo del vehículo aventaron piedras a las ventanas del camión en movimiento.

No han bastado las amenazas. Varios estudiantes de Ayotzinapa (especialmente Omar García), los familiares de los jóvenes agredidos y desaparecidos, y sus abogados (destacadamente Vidulfo Rosales), han sido víctimas de campañas en la prensa en las que se les calumnia y ofende. Falsamente se les quiere asociar con narcotraficantes, presentar como racistas y vividores.

Además de cargar sobre sus hombros el dolor de las agresiones y de la desaparición de sus hijos, los padres y estudiantes sobrevivientes del ataque del 26 de septiembre en Iguala llevan a cuestas el desprecio de las autoridades y las injurias de sus detractores.

Para los funcionarios gubernamentales es inconcebible que los familiares de los desaparecidos rechacen el dinero que les ofrecen. No entienden que, teniendo tantas carencias materiales, habiendo tenido que dejar de lado sus trabajos, la atención de sus parcelas y animales y el cuidado de otros seres queridos, pasando tantas privaciones, las víctimas no cejen en su empeño de encontrar con vida a sus hijos. No comprenden cómo esos padres siguen viajando por todo México y el extranjero para dar su testimonio y exigir justicia sin dar muestra alguna de cansancio. Los sorprende que, a pesar de tantas adversidades, sigan unidos.

Y, aunque arriba no lo entiendan, Felipe de la Cruz, uno de los voceros de los normalistas, lo ha dicho con toda claridad: ‘‘Han venido a ofrecer dinero, pero se les olvida que a los padres de familia de los 43 desaparecidos lo que menos nos interesa es eso. No vamos a vender a nuestros hijos”. Tampoco han cedido a las amenazas, a los chantajes y a los ultrajes.

Los padres de los 43 son, por mérito propio, una referencia ético-política de las gestas cívicas de nuestro pueblo. Gracias a su voluntad incorruptible de encontrar a sus hijos, hay un México antes de Ayotzinapa y uno después. Su dignidad ha trazado esa nueva frontera. Su acción, tenaz y ejemplar, ha permitido vislumbrar esa línea imaginaria que separa la tierra del cielo en la que se supera la desventura de este presente.

Twitter: lhan55