Manuel Pérez Rocha

La defensa de los derechos de los niños, el respeto a un supuesto estado de derecho y una política educativa que se dice es esencial para el futuro del país, son argumentos con los cuales Peña Nieto y Aurelio Nuño defienden la reforma educativa. De este modo, se presentan como la personificación de una postura ética y han montado una costosísima campaña publicitaria, acusando a sus opositores de ser representantes de la maldad, la infamia, la mezquindad, los intereses ilegítimos.

No se necesitan muchas indagaciones para saber si el compromiso de estos priístas es la ética. Además de los escándalos en que están enlodados todos los días, sabemos que impusieron la mal llamada reforma educativa mediante un acuerdo cupular que violó la Constitución, la base misma del supuesto estado de derecho. Pero sobre todo, si estos compromisos del gobierno de Peña Nieto fueran auténticos –y no hubieran puesto al frente sus intereses políticos– las cosas se hubieran hecho de una manera totalmente distinta, y sin los graves costos que está pagando el país.

Por su irresponsabilidad, la mal llamada reforma educativa es un desastre. Este juicio no es una mera opinión personal de quien esto escribe. Por ejemplo, el doctor Gilberto Guevara Niebla, ex subsecretario de Educación Básica de la SEP, y uno de los cinco miembros de la junta directiva del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), ha confesado públicamente: Desde el principio se hicieron mal las cosas; definimos a la carrera perfiles, parámetros, indicadores de medición, y eso también se hizo mal. Cuando fue creado este INEE, hubo mucha presión política para echar a andar las cosas rápido. Se obligó a salir muy rápido, no se informó apropiadamente, se creó una estructura sobre la marcha y muy absurda, para evaluar; además, para dirigir el proyecto más importante de la reforma educativa se puso al frente a un administrador que es muy bueno para ver números, mover plazas, pero nada más. Guevara también criticó la contratación del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) para que evaluara e hiciera exámenes, sin ninguna experiencia en exámenes de educación básica. Se les encargó y lo hicieron mal, a la carrera, urgente; mal. Todas estas confesiones las consignó el diario La Crónica el pasado 17 de julio.

Y Silvia Schmelkes, la presidenta del INEE, ha hecho también diversas declaraciones que, en conjunto, también configuran a la falsa reforma educativa de este gobierno como un desastre, obligado por los intereses políticos de los funcionarios del gobierno peñista. En este sentido, reconoció que estos procesos de evaluación, los primeros en el marco de la reforma educativa, presentaron diversos problemas técnicos y de aplicación: fallas en los sistemas de cómputo, periodicidad muy frecuente entre los procesos de evaluación, alta exigencia en la elaboración de instrumentos, problemas en entrega de claves, presencia policiaca, instrumentos de evaluación que no cumplieron con la confiabilidad técnica, entre otros; las cuales no se pudieron corregir por falta de tiempo.

Como es evidente para quien tenga ojos y quiera ver, lo que ambicionan estos funcionarios gubernamentales es pasar a la historia como los salvadores de la patria mediante una reforma educativa que con ignorancia supina califican de inédita, y abonar el camino para colocar a Aurelio Nuño como el siguiente presidente priísta de la República.

Las demoledoras confesiones de los dirigentes del INEE respecto de la reforma educativa se quedan cortas, pues los graves errores de la misma son muchos más, y han sido señalados a lo largo de tres años por muchos especialistas en asuntos educativos, por la CNTE y en este espacio. El gobierno ha ignorado estos señalamientos. Ahora, en su siguiente irresponsable paso, dirigido por los mismos intereses ilegítimos de los funcionarios, han presentado dos voluminosos y abrumadores documentos de 475 páginas (Modelo y Propuesta curricular 2016, que supuestamente significan una reforma nunca vista) y tienen la pretensión de que se analicen y discutan ampliamente ¡en mes y medio!, para que el nuevo modelo entre en operación en 2018. Evidentemente, este plazo atiende a un calendario que no tiene otra justificación que esos intereses irresponsables de los gobernantes priístas.

¿Y los intereses de los niños que Peña, Nuño y compañía invocan cuando se enfrentan a la legítima oposición a sus irresponsables acciones? ¿Dónde está la causa última de que se interrumpan clases, de que se realicen marchas que obstaculizan el libre tránsito de los automóviles? Después de esas confesiones de funcionarios de primerísimo nivel, y de análisis y denuncias documentadas por especialistas en educación, ¿cómo pueden justificar el uso de la fuerza pública que se ha traducido en la pérdida de vidas humanas?

Los directivos del INEE han hecho declaraciones que parecen meras opiniones personales sobre asuntos que no les incumben. Han asumido que su función es meramente técnica (validar los reactivos y demás instrumentos de la evaluación del magisterio) y se desentienden de la función política de graves consecuencias que están desempeñando. Siguiendo un criterio ético y las atribuciones que les da la ley como organismo autónomo, deben exigir la anulación de todo el proceso de evaluación del magisterio y sus consecuencias. También deberían informar a la nación acerca de quién los presionó, cómo los presionaron, y con qué los amenazaron.