Carlos Ímaz Gispert

¿Cuándo aprobó el Congreso de la Unión el decreto de restricción o suspensión de los derechos y garantías constitucionales para los maestros? La pregunta resulta pertinente, porque frente a lo que el secretario de Educación, Aurelio Nuño, calificó de protestas minoritarias y aisladas (pero como se ha podido verificar incluyen a varias centenas de miles de maestros en todo el país), el gobierno federal decidió ilegal e ilegítimamente hacer uso de la violencia física contra los maestros que protestan pacíficamente contra la llamada reforma educativa.

El cierre de la autopista México-Toluca, realizado por la Policía Federal pero achacado por diversos medios a los docentes (que violentó el derecho de los maestros de Michoacán a circular por esa carretera y el de miles de ciudadanos que se quedaron atrapados por horas en dicha arteria); el desalojo y secuestro de los mentores acampados en la Ciudad de México, que fueron subidos con amenazas a autobuses y trasladados contra su voluntad a sus lugares de origen; el descomunal despliegue policiaco en la capital del país, que impidió a una marcha arribar al Zócalo para protestar y presentar pública y pacíficamente sus peticiones, y la brutal agresión de policías federales y estatales, con balas de goma y gases lacrimógenos, contra una tranquila manifestación de mentores y padres de familia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, son acciones sin ningún sustento legal, que violentaron flagrantemente los derechos de todo mexicano a la protesta pacífica, la petición, la reunión y la libre circulación por el territorio nacional (artículos 1, 9, 11 y 16 constitucionales).

Para intentar legitimar socialmente sus ilegales acciones, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y su secretario de Educación acusan a los maestros movilizados de defender privilegios indebidos. Este argumento resulta grotesco frente al ofensivo derroche de recursos públicos (avión presidencial, viajes a todo lujo y en tropel, etcétera) y la probada corrupción en su gobierno (casas Higa de Peña y Videgaray, OHL, etcétera) y frente a los privilegios indebidos y la conocida corrupción de los sometidos herederos de Elba Esther Gordillo, que encabezan el SNTE (responsables de la venta de plazas y de aviadurías de quienes cobran hasta cinco plazas sin trabajar). El único privilegio indiscutible de que ciertamente gozan los maestros frente a grupo es el de contemplar cotidianamente las caras de asombro y curiosidad que despiertan los procesos de aprendizaje de nuestros niños en las aulas (por cierto, la mayoría de éstas se encuentran en condiciones paupérrimas y 44 por ciento de ellas cuenta sólo con un maestro para atender los seis grados de educación primaria o, en el mejor de los casos, con dos o tres profesores que atienden simultáneamente, al menos, dos grados).

Tampoco es nada afortunada, por decir lo menos, la respuesta gubernamental al llamado de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de sentarse a dialogar. El gobierno federal, afirman, sólo lo hará si los maestros aceptan, a la letra, la reforma educativa. Es decir, que se niegan a dialogar, pero, para no decirlo, argumentan un contrasentido: sólo accederán si su palabra es la única que se escuche: ¡el diálogo convertido en sinónimo de monólogo! Es grave, pues no sólo se rehúsan a conceder el inapelable derecho constitucional de audiencia, sino que cierran la puerta al siempre necesario diálogo para dirimir desacuerdos y conflictos.

De origen, la reforma laboral realizada a los trabajadores de la educación con el nombre de reforma educativa conculcó de facto el contrato colectivo de trabajo y violentó, además, el artículo 14 constitucional, que a la letra señala: A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Ahora, por si fuera poco, han empezado los despidos de maestros, dicen que por faltistas, cuando a todas luces el móvil del despido es político (su oposición abierta, pacífica y masiva a la reforma educativa), conculcándoles también el derecho de huelga.

Así, la mano firme que anunció el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong (que con la corrupta cúpula del SNTE es mano amiga y de manga ancha), resulta un grotesco eufemismo para encubrir la instauración de un estado de sitio de facto contra los maestros, nugatorio de nuestra Constitución política. El gobierno federal, flanqueado por los gobiernos de Chiapas y de la Ciudad de México, hace uso ilegal e ilegítimo de la fuerza.

Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, afirmó en su momento Benito Juárez, pero siendo que el gobierno no escucha razones y hace del derecho letra muerta, corresponde al pueblo de México arropar a nuestros maestros y hacerlo una realidad.